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Boletín de noticias 28 de noviembre de 2011
EL TIEMPO
PROCURADOR PROPONE REFERENDO PARA TEMAS DE DROGAS Y ABORTO
Ordóñez cree que un Procurador se desligitimaría si aspira a ser candidato presidencial.
Además Ordóñez, en entrevista con Yamid Amat, dice no a la candidatura presidencial.
El procurador general, Alejandro Ordóñez se opone abierta y drásticamente a la despenalización de la droga; propone un referendo para consultar al país sobre la despenalización del consumo de droga y el aborto y, radicalmente, no acepta siquiera la mención de su nombre como candidato presidencial. Sugiere que preferiría la reelección como Procurador.
¿Qué opina de la propuesta que ha surgido internacionalmente sobre la despenalización del consumo de droga?
El argumento de que la represión ha fracasado no es suficiente para despenalizar el consumo de drogas por varias razones. Primera: la prioridad es la juventud, la sociedad y la familia, que son las afectadas con la despenalización. Segunda: no es cierto que haya fracasado tan estruendosamente, como se dice, el combate contra la droga. Los datos de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga (Unodc) son contundentes: en la última década se han reducido en un 60 por ciento los cultivos ilícitos en Colombia, hasta llegar a 68 mil hectáreas, según última medición. Pero, además, si se tiene en cuenta que algunos de esos cultivos se han trasladado a Bolivia y Perú, también a nivel mundial la producción de coca ha caído a su punto más bajo de los últimos cinco años.
¿La despenalización aumentaría el consumo?
Sin ninguna duda, con todos los efectos sociales para la familia, la sociedad e, incluso, para el aumento de la delincuencia. El 70 por ciento de los jóvenes que están en la "carrera delictiva" son adictos. El 30 por ciento de delitos que cometen los jóvenes están relacionados con consumo de drogas. Según estudios de la Universidad de Los Andes, desde 1996 hasta hoy, a partir de la autorización de la dosis personal, se ha duplicado el consumo.
¿Y usted cree que ese fenómeno es por la decisión de la Corte?
No lo sabemos, pero hay una clara coincidencia. Es un hecho notorio que la despenalización facilita el consumo y este, la adicción. Tenemos que actuar con cautela. El asunto es tan sensible para la sociedad, que no bastaría sólo con que en los escenarios internacionales hubiera un consenso. Si se llega a pensar seriamente en la despenalización, habrá que acudir a la opinión de la sociedad y propongo que el país sea consultado vía referendo, antes de tomar semejante decisión.
¿Y qué se preguntaría?
Simplemente si la gente quiere, sí o no, la despenalización del consumo. Hay temas que se deben someter a la consulta del pueblo: el tema de la vida y el tema del consumo de drogas, por ejemplo.
¿El tema de la vida?
Si se respeta o no la vida desde la concepción o si se decide despenalizar el aborto. Ese y la despenalización de la droga son actos autodestructivos. Uno destruye la vida; el otro, la salud.
El argumento básico de quienes proponen la despenalización es que la represión no sólo no ha resuelto el problema sino que genera otro más grave: el negocio multimillonario de los narcos. ¿Tratar el asunto como un problema de salud pública, y no como asunto penal, no supone el principio del fin del negocio?
¿Y eso justifica la destrucción de la juventud, la familia y la sociedad? Es necesario, sí, acabar con el negocio. Pero es prioritaria la defensa de la sociedad. La creciente violencia en México ocurre porque el mercado se está contrayendo. Como lo explicó el director de Unodc, Antonio María Costa, los niveles de pureza de las drogas en los países consumidores están bajando y los precios están subiendo. Esto explica que los carteles estén luchando por un mercado que se contrae y se reduce porque hay una mayor competencia, que se está resolviendo con métodos violentos, tal como ocurrió aquí. Pero eso es, precisamente, por los resultados de la política represiva.
Miremos, por otra parte, el ejemplo de Suecia: de ser uno de los países más permisivos con el consumo de drogas, en 1988 cambió radicalmente, adoptando una postura de cero tolerancia al consumo y obligando a los adictos a desintoxicarse. Según un estudio de 2007, sólo el 2 por ciento de los suecos de 15 y 16 años había fumado cannabis en los 30 días anteriores, lo que contrasta con el 20 de España y el 18 por ciento de la República Checa.
Estoy de acuerdo en algo que dijo nuestro Presidente y es que los países consumidores, los países desarrollados, han asumido una conducta farisaica, inequitativa frente a países productores como Colombia. Se nos ha exigido una política represiva con los costos de corrupción, de deslegitimación de instituciones, pero ellos, a su turno, no asumen una política equivalente sobre consumo. Su actitud permisiva es la que estimula la producción.
Pero hay quienes dice que a más restricción, más consumo...
No es cierto. El director de la oficina de política nacional de control de drogas en EE.UU. entre 2001 y 2009, John Walters, sostiene que las experiencias históricas muestran que a menor restricción, mayor consumo y adicción. Los altos costos que trae para países como el nuestro la represión son dramáticos, pero los de un mayor consumo son peores. Los grandes responsables de esa violencia son los consumidores. Sí, se han perdido batallas, pero en la guerra se ha avanzado.
¿Pero no recuerda cuántos crímenes y asesinatos han ocurrido aquí por la represión?
Son los riesgos de la función pública. Asumir políticas implica riesgos personales y familiares por defender el bien común.
¿La droga no es el principal generador de corrupción?
La corrupción la producen varios ingredientes. Hay uno cultural: la pretensión de que el interés particular prima sobre el interés general; que la función pública se puede realizar para servirse de ella. Y eso lo genera el afán del dinero fácil...
¿Y eso no es el narcotráfico?
Desde luego, pero uno no puede luchar contra el cáncer combatiendo solamente los síntomas y las consecuencias; debemos combatir las causas. El problema de la sociedad colombiana es un problema moral: la pérdida de los valores y de los principios ha generado permisividad y unas conductas donde todo se justifica, incluida la búsqueda el dinero fácil. Uno no puede pedir buenos gobernantes y jueces, si no hay buenos ciudadanos. Y buenos ciudadanos no existen si no hay valores y principios morales. Y no hay valores porque no hay familia, el escenario natural donde se transmiten. El narcotráfico podría desaparecer, pero vendrán otros factores de corrupción, porque la enfermedad de esta sociedad es moral.
¿Por qué dice usted que también el sector privado?
Un hecho evidente es la corrupción en el sector público. ¿Y quién se beneficia? Pues no solamente el funcionario público, sino el contratista, el empresario al que le adjudican un contrato con el pago de coimas.
¿Y cómo vigilar y castigar esa corrupción del sector privado?
La justicia penal, la fiscalía. Mire estadísticas como esta de la Universidad Externado y del Banco Mundial: 600 empresarios y contratistas dicen que el 13 por ciento del valor total de un contrato son sobornos del sector privado a funcionarios públicos. En el presupuesto nacional se destinan 40 billones para la contratación pública y en las entidades territoriales, 30. Aplíqueles el 13 por ciento a esos 70 billones. El 91 por ciento de los 600 empresarios reconocen que hay sobornos en las actividades privadas. Así que el problema no es del sólo sector público. Sor Juana Inés de la Cruz decía: "Quién será más de culpar, aunque cualquiera mal haga: ¿el que peca por la paga o el que paga por pecar?"
En esta entrevista he escuchado tesis que parecerían más propias de un candidato presidencial...
Le voy a contar una anécdota: mi papá era un hombre muy trabajador; laboraba en una fábrica de galletas en Bucaramanga y conocía mucho la miserable condición humana. Cuando me eligieron magistrado, fui a la fábrica y me dijo: "Le quiero recordar un pasaje de La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. "No eres más porque te alaben, ni menos porque te vituperen. Lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más" . Y me agregó: "Mijito: no te dejes envanecer por los honores; los tendrás y muchos". Luego, hizo una pausa, me dijo: "Cuando ya no tengas la investidura, ¡hasta los perros te mean!".
¿Eso quiere decir que, radical y definitivamente, no?
Así es. No, no, no. Los últimos procuradores han sido candidatos o mencionados como tales. No han tenido ningún éxito político. No voy a dejar de tener los pies en la tierra.
Conclusión: ¿que lo dejen trabajar como Procurador?
Claro. No me dejo dar caramelo... Cuando me posesioné, juré cumplir la Constitución y la Ley, y quiero hacerlo con toda responsabilidad y todo escrúpulo. No hay nada peor para la credibilidad de la institución de la Procuraduría. Que un procurador en ejercicio actúe como candidato presidencial deslegitima sus decisiones. Afecta gravemente la figura como garante de derechos y de imparcialidad y como defensor del ordenamiento jurídico. No estoy dispuesto a hacerle ningún mal a la institucionalidad y pido a los partidos que tampoco piensen en hacer ese mal.
¿Piensa usted más bien en su reelección como Procurador?
La pensaré en su momento. Hacia mayo decidiré.
¿Pero hoy se inclina al sí?
Me gusta lo que estoy haciendo. Tengo vocación por la función pública y de servicio. Duré 20 años de juez, magistrado, primero en Santander y luego en el Consejo de Estado. Aspiré durante muchos años a ser Procurador. Le cuento esta anécdota: la integración de la terna fue traumática y yo estuve tres meses como candidato del Consejo de Estado y sin contendor. En diciembre, la Corte ternó a Camilo Gómez. Entonces, él le pidió al Senado postergar la elección, que era el 10 de diciembre, porque según él era inequitativo, ya que sólo tendría 8 días para hacer campaña. Entonces, yo le dije: "Camilo, eso no es cierto. Yo no llevo 3 meses; llevo 20 años en campaña para ser Procurador". Me gusta ejercer la Procuraduría, no obstante las amarguras, los dolores de cabeza, la diabetes, todo.
Si digo que prefiere ser reelegido como Procurador y no ser candidato presidencial, ¿digo la verdad?
Es exactamente lo que he dicho. Es usted buen intérprete.
Si usted aspira a la reelección, tendrá primero que hacer campaña ante el Consejo de Estado. ¿Lo va a hacer?
Si decido, puedo decirle al Consejo de Estado o al Presidente. Pero no he pensado el tema.
Si es Santos quien propone su reelección, él estaría defendiendo la bondad de la reelección cuando, como lo dice usted, se han hecho bien las cosas.
Claro, dígaselo a él.
¿Dijo usted que tiene diabetes?
Soy hijo de panadero y soy goloso. Comía mucho pan y dulce: bocadillos veleños, galletas La Aurora. Y el cuerpo ya me cobró las consecuencias. Pero estoy contento con una dieta rigurosa. He perdido 10 kilos.
¿Y cuántos más va a perder en los cinco años que le faltarían como Procurador?
Más bien pregunte cuántos kilos voy a hacer perder.
Retiro de la reforma
¿El proyecto de reforma de la justicia ataca la impunidad por corrupción?
No. El proyecto tiene muchas deficiencias y no ataca el más dramático problema que tiene la justicia: la ha venido deslegitimando la impunidad y eso la hace perder credibilidad frente a la sociedad.
El presidente Santos ha demostrado que es de diálogo y que corrige. ¿Usted sería partidario de que el Gobierno retire la reforma de la justicia?
Si el Presidente tiene esa opción, es conveniente que la valore.
YAMID AMAT
A TODOS LES DA VERGÜENZA" DEFENDER REFORMA DE JUSTICIA: PROCURADOR
Para Alejandro Ordóñez esta reforma debe hundirse, pues se convirtió en el 'parto de los montes'.
La reforma de la Justicia, que está en medio de la polémica por la decisión del Consejo de Estado de marginarse del debate en el Congreso, tampoco convence al procurador Alejandro Ordóñez.
"Lo mejor es que el Gobierno retire el proyecto. Todos los días oímos al Ministro de Justicia decir que no está de acuerdo, a los magistrados y a los congresistas. Es una reforma que está expósita, que a todos les da vergüenza defender -dijo el Procurador-. En esa desvergüenza en la que están todos los implicados, uno creería que está en cuidados intensivos".
El jefe del Ministerio Público agregó que el proyecto se convirtió en el "parto de los montes" y que ahora nadie quiere asumir su paternidad. Y con respecto al consenso que permitió aprobarlo en primer debate, afirmó que "fue sólo para la foto".
Frente a las críticas que hizo el Consejo de Estado a la forma como quedaría el Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador dijo que "han existido muchas ambivalencias. Primero, que se debía suprimir, después el proyecto fortalece a una de las salas a la que inicialmente se quería acabar, y termina sacando del ordenamiento jurídico la que quería fortalecer".
"Esto genera muchas suspicacias y dudas", señaló sobre este punto. Ordóñez considera que si el proyecto muere, las pérdidas no serán muchas porque no incluía medidas concretas "para combatir la impunidad y la congestión".
Además, uno de los puntos sustanciales en la propuesta del Gobierno, el de reglamentar a tutela contra sentencias judiciales, no quedó incluido.
Por eso, el Procurador consideró que este proyecto, que ya se aprobó en los dos primeros debates en el Congreso, "no es ni la mitad de lo que se había anunciado".
A pesar de las críticas, voceros del Congreso dijeron que el trámite de la iniciativa continuará su curso. Tanto el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, como su colega de la cartera del Interior, Germán Vargas, aseguraron que lo aprobado hasta el momento es el fruto del consenso con el que llegó el proyecto.
EL ESPECTADOR
POR BASURAS, TUTELAS EN CONTRA DE LA CORTE
Una nueva demanda tendrá que afrontar esta semana la Corte Constitucional por cuenta del estudio de la licitación de recolección, barrido y limpieza de basuras de la ciudad, después de haber ordenado su suspensión el pasado 19 de agosto.
Aunque el alto tribunal frenó el proceso con el fin garantizar la participación de los recicladores y, según el magistrado Juan C. Henao, presidente de la Corte, en dos semanas podría resolverse si se da luz verde o no a la licitación, para la alcaldesa (e) Clara López la demora en la revisión atenta contra el derecho a la salubridad de los bogotanos. Por eso, a la tutela interpuesta al alto tribunal el pasado jueves por la firma coreana Insun Ent Co. (uno de los proponentes de la licitación), se suma ahora una acción por parte del Distrito. Esta semana, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) también interpondrá tutela a la Corte para que agilice su decisión. Al mismo tiempo que hacía el anuncio, Clara López le pidió a la Corte que si decide tumbar la licitación, lo haga con todos los fundamentos jurídicos. De caerse la licitación de 2,3 billones, este sería otro de los puntos que se anota el alcalde electo, Gustavo Petro, quien desde su campaña viene insistiendo en que el modelo de recolección en la ciudad se debe cambiar estructuralmente para impulsar el aprovechamiento de los residuos y favorecer a los recicladores. Sin embargo, según Juan Carlos Junca, director de la Uaesp, entre más se dilate la adjudicación, más peligro corre el manejo de residuos por el aumento de la libre competencia. Por su parte, Kim Daeboung vicepresidente de Insun Ent Co., que lleva 12 años prestando el servicio de recolección de residuos en Corea, le dijo a El Espectador que su compañía busca que el alto tribunal reactive el proceso para invertir en la ciudad. Mientras se define el rumbo de las 6 mil toneladas de basura que produce Bogotá, los mayores favorecidos siguen siendo los actuales operadores, que continúan prestando el servicio (con un contrato por seis meses), pese a que debían entregarlo desde septiembre de 2010, cuando terminó su contrato inicial.
EL NUEVO SIGLO
DEBATE SANCIONES A BORRACHOS IRÍA AL SENADO
Ya en la plenaria de la Cámara, que debe sesionar mañana, el debate sobre las sanciones a los motoristas que conduzcan habiendo ingerido bebidas alcohólicas está de segundo en el orden del día.
Sería el segundo debate del proyecto de ley número 206 de 2011 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley No. 253 de 2011 Senado, “por medio del cual se introducen modificaciones a la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal, a la Ley 599 de 2000 Código Penal”, acerca del castigo a los conductores en estado de embriaguez, del que figuran como autores los senadores Carlos Alberto Baena y Manuel Virgüez, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira), y Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), así como los representantes Gloria Stella Díaz, del Mira, y Germán Varón, de Cambio Radical.
La iniciativa elimina la aplicación de la sustitución de la detención preventiva, la pena de prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en las conductas punibles de homicidio culposo y lesiones personales culposas derivadas de accidentes de tránsito, siempre que concurran las circunstancias del artículo 110 del Código Penal. Además, modifica la normatividad existente estableciendo que cuando un agente, que conduciendo vehículo automotor en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias psicoactivas, ocasione la muerte o lesione a personas en accidente de tránsito, incurrirá en homicidio doloso y lesiones dolosas.
Sin embargo, el avance del proyecto no cuenta con miradas positivas por parte de los conocedores del derecho penal.
“La ausencia de controles más eficaces en muchos otros ámbitos, como por ejemplo en el de la concesión de licencias de conducción, han llevado a dirigir toda la atención para la solución” de la accidentalidad vial “al derecho penal. El problema es que el derecho penal no soluciona problemas”.
Con estas palabras el catedrático Ricardo Posada, profesor asociado y director del Área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminalística de la Universidad de los Andes, le comentó a EL NUEVO SIGLO los verdaderos alcances de los esfuerzos del Congreso para, por ejemplo, incrementar las penas para los conductores ebrios.
“Yo creo que el debate sobre la problemática de la seguridad vial se ha planteado mal en Colombia”, señaló Posada, reiterando que “el derecho penal no cumple ahí una real función preventiva”; por eso se preguntó: ¿Qué pude hacerse para que no tenga que llegarse ya al último eslabón en la prevención que sería el derecho? ¿Cómo hacemos para garantizar que las personas que están conduciendo son de verdad personas idóneas para hacerlo? ¿Cómo hacemos para que no se expidan licencias de conducción tan fácil? ¿Cómo hacemos para que la capacitación sea real? ¿Cómo evitamos la corrupción en estos ámbitos? Hay una serie de elementos o de situaciones que debemos analizar previamente antes de llegar a creer que con el derecho penal podemos resolver todos los problemas en materia de seguridad vial”.
Sin embargo, otra cosa creen los ponentes, de acuerdo con lo consignado en el informe para el segundo debate, suscrita por el equipo conformado por los representantes Miguel Gómez y Carlos Arturo Correa, de La U; Alfonso Prada, del Partido Verde; Juan Carlos Salazar, del Partido de Integración Nacional (PIN); Germán Varón, de Cambio Radsical; Juan Carlos García, del Partido Conservador; y Pablo Enrique Salamanca, del Partido Liberal.
“Se debe sostener que el derecho penal en su etapa de conminación busca un comportamiento del ciudadano que respete el derecho y no sólo que no infrinja una ley, sino que obliguen al comportamiento adecuado con las condiciones mínimas de cuidado en hechos o actividades que así lo exigen”, consignaron los ponentes.
“En conclusión”, sostuvieron, “bajo estas consideraciones parece oportuno la regulación que el proyecto en estudio contiene en el sentido que cuando la lesión de los bienes jurídicos vida o integridad personal deviene por acontecimientos que ex ante resultan previsibles para el autor y este es indiferente ante la posible ocurrencia de los mismos se recurra a la figura del dolo, empero parece necesario aclarar la redacción del mismo”.
Esto no convence a los académicos. “Hoy en Colombia, cualquier accidente de tránsito tiene más penas que muchos delitos comunes”, expresó Posada.
Sin embargo, insistieron los ponentes, el fortalecimiento de las sanciones beneficiará incluso a los infractores, “porque las diferentes actividades y acciones de publicación y prevención, evitarán la ocurrencia de siniestros de tránsito y posibles delitos que merezcan las sanciones catalogadas por el presente proyecto, de las cuales muchos de ellos también son víctimas”.
Para los congresistas, el principal beneficio para las víctimas está en el aumento de “la credibilidad frente a la impartición de justicia, esto a través de la claridad de las reglas y la reparación pertinente y apropiada de los daños causados”.
Finalmente, los legisladores piensan que “tanto los actores afectados por la violencia vial, como las personas que se encuentran dentro de sus entornos y la ciudadanía en general, merecen contar con herramientas legales que les aseguren condiciones de convivencia eficientes que se vean reflejadas en la eliminación de beneficios como la detención domiciliaria en la etapa de instrucción e investigación, la pena de prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la ejecución de la pena para quienes se han apartado de la ley y han atentado contra la vida de los demás”.
REVISTA SEMANA
REFLEXIONES SOBRE UNA SOLUCIÓN AL SISTEMA DE SALUD
Por Efraín Riveros Pérez*
Hay que iniciar de ceros, o mejor aún de los principios ya acordados, para hacer un Nuevo Sistema de Atención Integral, en el cual la relación médico-paciente sea sagrada y ajena al mercantilismo.
En Colombia existe consenso acerca de la necesidad de reformar el sistema de salud, lo que no se logra dilucidar aún es cómo hacerlo. El debate ha alcanzado máxima temperatura con la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional (Corte Constitucional de Colombia, 2008), que obliga al Estado a igualar los planes de beneficios para toda la población, y con la intervención de la Empresa Promotora de Salud (EPS) más grande del país, Saludcoop, en el año 2011.
Los defensores del sistema de salud insisten que los principios consagrados en la Ley 100 de 1993 son sublimes y que con algunos ajustes se podrá lograr que todos los colombianos tengamos salud de excelente calidad al menor costo posible. Para ellos, la reforma consistiría en formular mecanismos, que por medios policivos, controlen a cada uno de los actores del sistema, es decir, adicionar nuevas reglas a un juego ya existente.
También se encuentran posiciones a favor del sistema de salud actual, las cuales contrastan la cobertura alcanzada con la que ofrecía el vetusto Sistema Nacional de Salud de los años setenta y ochenta (Organización Panamericana de la Salud, 2002). Según ese grupo de administradores, en su mayoría representantes del sector asegurador, en el pasado el gasto en salud era una vena rota, a través de la cual se desangraban las finanzas públicas, pues los hospitales “no tenían fondo” en sus pretensiones de obtener partidas y adiciones presupuestales, mientras que la mayoría de la población no tenía acceso a los servicios (Bossert, 2000).
También se afirma que un Estado neoliberal como el nuestro debe desligarse del gasto social que no genera ganancias, para dedicarse por completo a tareas de regulación y control de las entidades, idealmente privadas, que operen el sistema de salud. Esto alivia la carga estatal e incluso le puede reportar algunos beneficios económicos relacionados con la tributación tanto de aseguradores como de prestadores.
Es irracional pensar que por estar consignados los principios del sistema de salud en el cuerpo de la Ley 100, se asegure su cumplimiento, y que la salud de los colombianos se garantice de manera integral. El principio de universalidad entraña la antítesis de la discriminación. En Colombia tenemos sistema de salud para ricos (medicina prepagada), para clase media (régimen contributivo) y para pobres (régimen subsidiado y población pobre no asegurada), con planes de beneficios y tiempos de espera (oportunidad) diferenciales. Me pregunto, ¿no hay discriminación?
La solidaridad es otro principio que rige nuestra salud. Hoy día los recursos del régimen contributivo provienen de aportes de empleados, empleadores y trabajadores independientes, mientras que los del régimen subsidiado se obtienen de un punto de solidaridad del contributivo y de otras fuentes estatales que representan la mayoría del dinero. Con cifras de informalidad laboral que superan el 50 por ciento y tasas de desempleo cercanas al 10 por ciento (Guataquí, 2011), es de esperar que la mayoría de la población pertenezca al régimen subsidiado, y que la falta de robustez del contributivo conduzca a un incremento en la carga impuesta al Estado (Organización Panamericana de la Salud, 2011). De otra parte, se han evidenciado avivatos que pescan en río revuelto, y reportan ingresos de uno o dos salarios mínimos en sus actividades independientes, lo que se traduce en recaudo aún menor del régimen contributivo (Martínez, 2010). Aquí me pregunto, ¿hay forma de ser solidarios cuando la mayoría no puede aportar?, ¿se es solidario cuando como producto de la informalidad, el individuo decide el ingreso sobre el cual cotiza al sistema, y lo hace sobre una base falsa?, y ¿no está haciéndose cargo pues, el Estado colombiano, del sistema de salud como lo hacía en otras épocas?
La integralidad también adorna nuestra ley de salud. Ésta se refiere a la asistencia de todas las contingencias que afectan la salud (Ley 100 Congreso de la República, 1993). Mi percepción es que hay enfermedades POS y no-POS, con coberturas dependientes del costo. Para solventar esta dificultad, el paciente acude a mecanismos legales como la tutela para recibir toda la atención que requiere (Vélez, 2005). Es perverso que el paciente, quien ya soporta la dura carga de su enfermedad, lleve a cuestas la pelea legal con su impacto emocional, eso sin contar con el hecho de que los trámites pueden tomar el mismo tiempo que los padecimientos de salud emplean para acabar con la vida del individuo. Ahora el cuestionamiento es: ¿se garantiza la integralidad de la atención en salud en Colombia?
De otra parte, algunos actores del sistema, como Estado, aseguradores y prestadores, ven en su contraparte a un enemigo del cual se asume la “mala leche”. El Estado, a través del Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA) trata de retener los pagos por compensación y eventos no-POS al asegurador, mientras que el asegurador hace lo propio con el prestador por medio de la glosa, a veces injustificada, de las cuentas y el no pago deliberado. El prestador, en el medio de la pugna por el flujo de recursos, trata de sobrevivir sobrefacturando procedimientos e insumos si es posible, para contrarrestar la glosa de cuentas. Se trata de un juego de parqués regido por la regla de “soplar”. Esta regla cambia completamente el transcurso del juego y hace que los jugadores empleen cualquier artimaña para sobrevivir a costa de los demás. En lugar de unidad, hay puntos de fractura entre los actores del sistema, sobre los cuales el Estado no tiene la autoridad moral para intervenir dado que es parcialmente responsable.
Por último, el principio de participación, es tal vez uno de los más vulnerados. El paciente, quien junto con el profesional de la salud conforma la parte imprescindible del sistema, no tiene en la práctica el derecho a la libre escogencia. De hecho, debe asistir sólo a las instituciones que la EPS le ordene –en algunos casos la más barata-, so pena de no ser cubierto por el aseguramiento. El prestador de servicios de salud ve con temor al paciente de la EPS que no paga y trata de eludir la atención del mismo. Se configura entonces un flagrante caso de discriminación y una violación al principio de participación.
Como se puede ver, no hay un solo principio de nuestro sistema que se esté respetando. Esto nos permite deducir que el problema no está en la concepción del “deber ser” sino en la operación del sistema de salud. Hay que iniciar de ceros, o mejor aún de los principios ya acordados, para hacer un Nuevo Sistema de Atención Integral, en el cual la relación médico-paciente sea sagrada y ajena al mercantilismo. Las operaciones financieras deben ser asumidas por dos protagonistas exclusivamente, el Estado recaudador, pagador y regulador, y el prestador de servicios de salud en todas sus modalidades.
Ahora bien, ¿cómo se puede operar un sistema sin que presente los vicios del que funciona en la actualidad? En primer lugar, se puede concebir la atención en salud como una cadena de cuatro eslabones: recaudo, puesta en marcha, auditoría y pago. Hoy en día, el Estado hace la parte más difícil de cualquier negocio, que es recaudar los recursos. Una vez recaudado el dinero, se lo transfiere a las EPS, las cuales han fallado al voto de confianza que la sociedad colombiana depositó en ellas para administrar los recursos. Algunas de ellas han actuado de mala fe en los recobros al FOSYGA (presunto robo al Estado), en la negación o retraso en la atención (presunto robo al paciente) y en el pago de cuentas por servicios prestados (presunto robo a proveedores y prestadores). ¿Tiene sentido la existencia de la EPS?
El recaudo debe seguir siendo realizado por el Estado, pero ahora también debe administrarlo, a través de los entes territoriales. De otra parte, tras 18 años de haberse puesto en marcha el sistema de salud, se puede saber con certeza cuánto cuesta anualmente. Al conocerse esta cifra, se puede planear de dónde saldrá el dinero para cubrirlo en su totalidad. El Estado puede entonces, decidir si hay que crear nuevos impuestos, desmontar regímenes especiales (fuerzas militares, magisterio, entre otros) o emplear nuevas fuentes para mantener el sistema. Una posibilidad es desmontar el aporte de nómina e independiente para reemplazarlo por un impuesto sobre productos y servicios que no afecten la canasta familiar, para que seamos realmente solidarios y no que unos pocos aportemos mientras otros mienten sobre la base de cotización.
Esto suena viable mientras se alcanzan cifras de empleo formal más elevadas que permitan que al gravar la nómina se obtengan los recursos necesarios.
También suena lógico pensar que el recaudo deba incluir recursos para cubrir gastos de investigación y renovación tecnológica (prestados con bajo interés a clínicas y hospitales), para mejorar la atención y el sistema, así como para sacarnos del estancamiento en tecnología en que estamos sumidos; como lo expresó un gerente de hospital en alguna oportunidad cuando dijo: “la tarifa es la misma con equipos viejos que con equipos nuevos”.
La puesta en marcha se debe centrar en la atención primaria. Las facultades de medicina deben articularse con las necesidades del sistema, en términos de número y calidad de egresados. El médico general debe convertirse en médico familiar y se le deben asignar grupos de individuos sobre los que pueda intervenir desde la prevención, y a quienes sirva de tutor cuando acceda a servicios clínicos de mayor complejidad. Los especialistas médico-quirúrgicos tienen su lugar en los centros especializados organizados geográficamente para cubrir todo el territorio nacional.
La auditoría, actividad con alto riesgo de corrupción, habría de ser asumida por comisiones conformadas por las universidades públicas, las cuales estarían constituidas por profesores y estudiantes de pregrado y posgrado, con los méritos académicos que los avalen. El servicio de auditoría se retribuye para reinversión en la educación pública.
Por último, el Estado pagador tendría contrato con todas las instituciones de salud habilitadas, las cuales competirían con calidad para atraer al paciente que acude a ellas por libre escogencia. Las cuentas auditadas por la comisión de universidades públicas serían pagadas por el Estado en plazos cortos. Los retrasos en el pago se podrían cruzar contra impuestos por parte de los prestadores, estimulando así el pronto pago.
Tenemos pues, un sistema de salud cuyos principios son valiosos, pero cuyo irrespeto condujo al fracaso total del sistema. La solución a un problema de esa magnitud no es el maquillaje ni la adición de reglas de juego, sino la creación de una nueva estructura que honre el derecho a la vida y la relación médico-paciente, en un marco de transparencia en el cual el Estado juega un papel primordial. Entiéndanlo de una vez por todas, el Estado no se puede desembarazar de la salud de los colombianos, así sea costosa, o es que acaso la vida de un colombiano no lo vale.